En el marco de la actual discusión legislativa sobre el proyecto de ley que busca fortalecer los mecanismos de protección al consumidor, se realizó el seminario “Modificaciones a la ley del consumidor y acceso a la justicia: ¿cómo nos hacemos cargo de la demanda ciudadana?, donde se analizaron los cambios e impacto de la reforma.

Para Eduardo Alcaíno, coordinador e investigador del Programa de Reformas Procesales y Litigación, el seminario “dice relación con la enorme expectación que ha generado la tramitación de la nueva ley del consumidor y todas las discusiones que ha habido en torno a aquello… hay discusiones sobre su contenido, por lo que la idea es iluminar esa discusión con una mirada multidisciplinaria desde el punto de vista jurídico”.

El seminario se dividió en dos paneles, el primero titulado “Protección al consumidor y Acceso a la Justicia”, donde participaron los académicos de la UDP, Francisca Barrientos y Ricardo Lillo, y Hernán Calderón, presidente de CONADECUS; quienes orientaron la discusión en torno a la defensa de los intereses individuales del consumidor.

Los tres panelistas estructuraron sus intervenciones desde una mirada civil y se mostraron disconformes con las modificaciones que pretende el proyecto: Barrientos dio a conocer una visión sobre el estado actual, repasando los cambios de la nueva ley, y cuestionando el diagnóstico que justifica la reforma; y Calderón dio a conocer el rol de las asociaciones de consumidores en la protección del consumidor y los mecanismos de tutela.

Lillo por su parte comentó los mecanismos utilizados para ampliar el acceso a la justicia del consumidor, partiendo desde la distinción entre el ámbito infraccional y la acción civil, señalando que “me preocupa la idea de establecer un procedimiento sumario ante el juzgado de policía local, no creo que vaya a solucionar el problema. Es necesario que se comience a articular un nuevo mecanismo con la discusión que se está teniendo en el ámbito de la reforma en la justicia civil”.

El segundo panel “Tutela supra individual del consumidor. Mediación y litigación colectiva”, conformado por Maite Aguirrezabal, académica de la Universidad de los Andes; Claudio Fuentes, académico UDP; y Pablo Soto del Departamento de Derecho Administrativo de la UDP, se orientó a las respuestas de tipo colectivo y los planteamientos de desarrollos que la nueva ley tendrá.

Aguirrezabal criticó el proyecto enfocándose en la forma en que se está estableciendo el proceso de mediación colectiva, proponiendo a  los tribunales arbitrales de consumo como medida más rápida y eficiente para proteger a los consumidores. Fuentes, explayándose desde su experiencia en el estudio de la práctica, dio a conocer como se hacen valer las acciones de protección de intereses supra individuales en Estados Unidos, entre los cuales los temas más complejos son el diseño de acuerdos.

Por otra parte, Soto mencionó las consideraciones básicas a la hora de estructurar un sistema de sanciones administrativas, y señaló que “soy crítico respecto de la manera en cómo se estructura el procedimiento administrativo sancionador porque parece excesivamente garantista para los infractores y amenaza con frustrar los objetivos regulatorios que consisten en proteger al consumidor”.

Fuente: UDP