2014
A continuación se presenta un informe denominado “El reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores: un desafío pendiente» realizado por Fabián Velasco, estudiante de Derecho de la Universidad Diego Portales.
La protección de los derechos de los consumidores ha tenido diversos tratamientos a lo largo de los últimos tres siglos. Comenzando como una rama del derecho mercantil del siglo XIX y XX, su evolución va aparejada al avance y desarrollo que han tenido tanto la industrialización como el derecho en términos generales, trayendo como consecuencia una modernización de la forma en cómo se aborda la materia en cuestión. En Chile y otros lugares del mundo, en paralelo, dichos procesos se encuentran acompañados de la creación de institucionalidades encargadas de resguardar dichos derechos.
Junto con ello, a lo largo del mundo, la historia más reciente nos indica que han existido procesos de constitucionalización, en virtud del cual muchas materias que, en principio, parecían irrelevantes para el derecho, en la actualidad no lo son. Y no sólo desde el punto de vista regulatorio, sino desde las aristas de la protección que merecen los ciudadanos por el simple hecho de ser personas y pertenecer a un Estado, el que debe velar por su bienestar y el de la comunidad.
En Chile, sea en materia de consumidor propiamente tal o desde el punto de vista constitucional, no existe disposición alguna que se refiera a ello, al menos de forma expresa.
Así, la presente investigación tiene por objetivo estudiar lo siguiente: ¿podría ser una ventaja para el consumidor contar con una garantía explícita en materia constitucional? Así, se propone investigar en torno a esta interrogante con un análisis histórico del tratamiento que han tenido en nuestro país los derechos del consumidor, pasando por experiencias comparadas de otros países, como también con otras ramas dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico, para así vislumbrar alguna aproximación de la respuesta que resuelva esta interesante problemática, eso sí, con un enfoque desde el derecho civil hacia un tratamiento constitucional.
Creemos que es hora de confrontar la problemática jurídica que abordan las sociedades modernas (con diversas soluciones), donde la noción de contratante débil se vislumbra más nítida que antaño, requiriendo un tratamiento a nivel político que se haga cargo de una protección efectiva de los consumidores. En el caso concreto de nuestro país, será un interesante desafío analizar las posibles virtudes que pueda tener una protección constitucional expresa de los derechos del consumidor. Esto último, en razón de los acontecimientos ocurridos en la actualidad: en concreto, lo referido al –ya retirado– Decreto Supremo 153 de 2013 del Ministerio de Economía y del requerimiento constitucional efectuado por una parcialidad de congresistas, en aras a que el Tribunal Constitucional declarase que dicho Decreto Supremo contravenía a lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental.
Por ello, la pregunta del merecimiento constitucional es importante, toda vez que plantea un desafío, y que dice relación con zanjar, luego de un intento analítico, si se necesita de un texto constitucional en este tenor. En suma, la interrogante deviene por sí sola: el derecho de consumidor ¿requiere ser elevado al nivel de principio constitucional? Y si es así, ¿en qué términos o categorías?
Por medio de este estudio se espera colaborar con la difusión de los derechos de los consumidores e informarlos con el fin de prevenir circunstancias que afecten sus derechos a la hora de contratar.