2014
A continuación se presenta un informe denominado “El concurso de normas entre la legislación de seguros y la legislación de consumo a propósito de la competencia en los litigios por contratos de seguros” realizado por Gustavo Castillo, estudiante de Derecho de la Universidad Diego Portales.
El presente estudio surge a partir de la inquietud que generó en el medio la promulgación de la nueva ley de seguros Nº 20.667. Esta normativa vino a actualizar una reglamentación que permaneció estática durante más de 140 años, y que había generado vacíos legislativos que eran llenados en la práctica por la libertad contractual.
La nueva ley produjo un cambio relevante en muchas de las instituciones del ámbito de los seguros. Por una parte, se reconocieron algunas instituciones que habían sido creadas por las convenciones entre particulares. Y por otra, se regularon otros aspectos que estaban abandonados, y que generaban muchas veces un espacio de discreción para las partes más fuertes, que en general tendieron al abuso respecto de aquellas más débiles.
Una cuestión que resulta relevante tras la promulgación de esta ley, una normativa de carácter especial, fue la impronta pro consumidor-asegurado que predominó en mensajes y declaraciones.
De esta manera, el presente estudio pretende dar cuenta de cómo se han disipado las dudas en torno a la ubicación de la Ley Nº 19.496 Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores de 1997, como ley de aplicación general por sobre esta nueva ley de seguros.
Así, se generaron una serie de conflictos entre estas dos normativas, en términos que en determinados puntos las normas colisionan entre sí, dejando abierto un campo para el debate sobre la primacía de una norma por sobre la otra.
En atención a lo expuesto pasaremos a analizar la reforma en su contexto, así como los puntos en que será necesario discurrir sobre la solución de conflictos entre normas. En razón de ello, tendremos que analizar cuáles son las vías mediante las que es posible solucionar el conflicto, cuáles son las idóneas para el caso y –que tal vez sea lo más relevante- cuáles son las razones que justifican la adopción de un criterio sobre otro.
Por medio de este estudio se espera colaborar con la difusión de los derechos de los consumidores e informarlos con el fin de prevenir circunstancias que afecten sus derechos a la hora de contratar.